08 de Diciembre de 2022 | Eduardo Salgado Sánchez
Al asistir al Informe Anual de Actividades 2022 de la presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa de Guerrero, Martha Elena Arce García, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, reafirmó el respaldo presupuestal, político e institucional para seguir avanzando en la modernización de los procesos en la impartición de justicia, garantizando una atención de calidad para las y los guerrerenses.
En su mensaje, durante este acto de rendición de cuentas, la mandataria estatal, celebró los 35 años de funcionamiento de este órgano de impartición de justicia, limitando el actuar de las autoridades frente a los ciudadanos, velando por el respeto irrestricto a los derechos humanos, actuando como garante de la gobernabilidad en el estado, por lo que refrendo su respeto institucional a la autonomía y la independencia del actuar de esta institución.
«Estamos cerrando un año y vamos a iniciar un 2023 con todo el ímpetu y con todas las ganas para el pueblo de Guerrero y seguir dando lo mejor de trabajar todos los días, respetando la autonomía de las instituciones, pero con la absoluta convicción de acabar con la corrupción y con la impunidad, para fortalecer el estado de derecho para garantizar la justicia con bienestar para todas y todos», expresó Evelyn Salgado.
La gobernadora, refirió que se ha construido una perfecta coordinación con el Tribunal de Justicia Administrativa de trabajo que les ha permitido avanzar en una agenda prioritaria como es el combate a la corrupción, el combate a la arbitrariedad y a la impunidad, en este sentido dijo, que el gobierno del estado ha encontrado en este tribunal un cauce para la transformación de Guerrero.
«En Guerrero al margen de la ley nada, por encima de la ley, nadie, eso empieza desde la gobernadora hasta todas y todos los que estamos desempeñando alguna función pública, todos los que estamos sirviendo a nuestro pueblo», sostuvo Evelyn Salgado.
El Tribunal de Justicia Administrativa es la instancia jurisdiccional que revisa el actuar de las autoridades y le corresponde anular todos los actos administrativos arbitrarios contrarios a la ley y violatorios de derechos humanos, y como parte integrante del sistema estatal anticorrupción, le compete sancionar a los servidores públicos, a ex servidores públicos e incluso a particulares cuando hayan cometido una conducta calificada cómo grave ante la ley.
