26 de septiembre de 2022 / Eduardo Salgado Sánchez
Voló el tiempo y ocho años han pasado de los trágicos hechos que pusieron a Guerrero en el ojo del mundo.
Ayotzinapa se volvió noticia mundial con la desaparición de 43 estudiantes que a la fecha, aún no se tiene claro que les ocurrió, aún y cuando en la actualidad ya hay varias personas detenidas por los hechos.
En la noche del 26 de septiembre de 2014, 43 estudiantes de la Escuela Rural Normal de Ayotzinapa desaparecieron en Iguala y ya nada se supo de ellos.
Desde entonces han pasado ocho años y la polémica continúa retumbando ante acusaciones de impunidad, corrupción y vínculos al narcotráfico en el crimen.
La desaparición de los 43 se le conoce es uno de los escándalos más mediáticos en la violenta historia del país, de acuerdo a portales internacionales cómo lo es la BBC.
Guerrero, caso específico Iguala, es una zona clave en el trasiego de drogas y otras actividades ilícitas, muestra de ello los enfrentamientos y la presunta colusión de intereses entre grupos criminales e instituciones.
La Escuela Rural Normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, tiene una larga tradición de lucha social y suele albergar a estudiantes de pocos recursos de las zonas marginadas del estado de Guerrero y otras regiones del país.
La normal, fue elegida como sede para organizar una movilización a Ciudad de México para participar en las marchas del 2 de octubre de 2014, en conmemoración de la matanza de Tlatelolco ocurrida en 1968, pero nadie imaginó que la escuela se convertiría en la cumbre de un nuevo escándalo global.
La última versión del gobierno indica que el 26 de septiembre decenas de estudiantes de entre 17 y 25 años se trasladaron a Iguala para hacerse con autobuses que pudieran llevarles días después a la capital del país.
Cuenta la versión federal que la policía municipal recibió reportes de supuestos secuestros de autobuses y altercados protagonizados por los estudiantes, lo que derivó a la confrontación y agentes dispararon contra los vehículos que transportaban a los estudiantes.
Dos alumnos murieron esa noche y un tercero apareció también sin vida y con signos de tortura al día siguiente, mientras que decenas de jóvenes fueron detenidos y liberados después, pero jamás se supo qué pasó con otro grupo de 43 estudiantes.
Solo los restos de tres de ellos han sido identificados.
Tanta fue la conmoción del hecho que originó la salida del entonces gobernador por el PRD Angel Aguirre Rivero, quien fue sustituido por el catedrático de la UAGro, Rogelio Ortega Martínez.
Fue hasta Enero de 2015, cuando el entonces Procurador General de la República Jesús Murillo Karam dió a conocer la famosa «verdad historica», que concluía que los desaparecidos, fueron entregados aquella noche por policías municipales al grupo criminal Guerreros Unidos.
Según la versión del gobierno de Enrique Peña Nieto, el mencionado grupo criminal confundió a los jóvenes con integrantes de los Rojos, una banda rival, y los asesinaron para después incinerarlos en el basurero municipal de Cocula en Guerrero.
Se indicó que los estudiantes no habían acudido a Iguala por los autobuses, sino que su propósito era boicotear un acto de María de los Ángeles Pineda Villa, esposa del entonces alcalde de la localidad José Luis Abarca Velázquez.
Abarca y Pineda se encuentran hoy en prisión y fueron acusados por el exfiscal Murillo Karam de estar detrás de la desaparición de los estudiantes y de colaborar con grupos criminales.
En la actualidad, las últimas investigaciones lanzadas por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) lo califican como «crimen de Estado» e implican a funcionarios del «más alto nivel del gobierno» en el delito.
De acuerdo al informe de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia en el Caso (CVAJ) Ayotzinapa, la creación de la ‘verdad histórica’ fue una acción organizada del aparato del poder, desde el más alto nivel del gobierno, que ocultó la verdad de los hechos, alteró las escenas del crimen, ocultó los vínculos de autoridades con el grupo delictivo y la participación de agentes del Estado, fuerzas de seguridad y responsables de la procuración de justicia en la desaparición de los estudiantes.
En consecuencia, fue detenido el exfiscal de la República Jesús Murillo Karam por desaparición forzada y tortura en el caso Ayotzinapa.
Además la Fiscalía General de la República anunció que se libraron otras 83 órdenes de aprehensión en el estado de Guerrero contra mandos militares y personal de tropa, policías locales y estatales y autoridades administrativas y judiciales, así como contra miembros del grupo criminal Guerreros Unidos por su presunta vinculación con el caso.
Un total de 26 personas clave vinculadas al caso, han muerto por ejecución, accidente o muerte natural a lo largo de la investigación.
A ocho años de distancia, día a día surgen más dudas de lo que realmente sucedió y que papel jugaron las instituciones como el Ejército, que hoy a abunda en las calles a cargo de la seguridad del país, ante la incapacidad de corporaciones locales.
Mientras que las movilizaciones de los estudiantes y padres de los desaparecidos continúan, con el reclamo de justicia.
Ayotizinapa, el caso que aún espera una verdad…
